Inconstitucionalidades

Inconstitucionalidades - Editorial del 1 de abril de 2016

Aquellos que son lectores habituales de Crónica saben que el semanario no salió la semana pasada, teniendo en cuenta que debería haber estado en la calle entre jueves y viernes, siendo estos dos días tan sagrados para la grey cristiana.

Pero algunos hechos ocurridos me obligaron a expresar mi opinión sobre ellos por otros medios, sin esperar a esta edición, y con ella al editorial correspondiente, en el que ahora ahondaré sobre los mismos temas, haciendo algunas salvedades que nunca están de más.

Siempre he tratado, y creo que lo he logrado, de no mezclar las distintas actividades que ejerzo, y, a la vez, que ninguna de ellas me condicione ni me obligue a dejar de decir lo que pienso. En este caso ni mi afiliación política a uno de los partidos integrantes del frente Cambiemos, que gobierna nuestra ciudad, ni mi condición de director del Coro Municipal "Magnificat", me pueden impedir decir lo que pienso, sin ambages.

El primero de los actos de gobierno que a mi entender da lugar al título, y reconociendo que estoy tratándolos en el orden inverso al de su ocurrencia, fue la decisión del Honorable Concejo Deliberante de votar una Ordenanza basada en un proyecto impulsado por el bloque de Concejales de Cambiemos por el que propusieron "la realización de un estudio de impacto socio-económico-ambiental que establezca como resultado la generación de una norma regulatoria para las habilitaciones comerciales cuya actividad sea la de autoservicios, supermercados y/o similares actividades comerciales". Y hasta tanto se puedan concretar estos estudios "suspender todo inicio de trámite para el otorgamiento de habilitaciones hasta el 31 de diciembre de 2016".

Sin profundizar demasiado en el tema, y haciendo la salvedad que, ya advertí peligrosamente por estos días, se debe hacer hoy por hoy de que no somos enemigos solo por el hecho de pensar distinto, y coincidiendo con el Concejal Daniel Rinaldi en que la finalidad es la de "defender a comerciantes como 'Pedro' Mista y Julio Fistein, y otros tantos comerciantes de la localidad que hacen a la idiosincrasia del pueblo", no entiendo por qué la norma se circunscribió a ese ramo, y quizás haya sido esa limitación la que generó las observaciones suspicaces de las que se queja Daniel. Digo yo, por ejemplo, ¿por qué no se manifiesta la misma preocupación por la atención en la ciudad de profesionales que compiten directamente con los locales?, o ¿por qué no se tiene en cuenta a las zapaterías, tiendas (perdón Verónica Obispo por "robarte" la idea), corralones de materiales, medios periodísticos, agencias de venta de automotores, etc.? O sea, directamente cerremos la ciudad a toda inversión de fuera de la ciudad, incluyendo también las que posibilitaron que creciera Termas, por ejemplo. Y hagamos el análisis que propone la norma para todos los rubros, atendiendo a que, según nuestra Ley Fundamental, todos somos iguales ante la ley.

Es justamente la Constitución Nacional la que establece, en su art. 14, que "Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar…"

Al disponerse por una norma que no es ley limitar algunos de estos derechos, el municipio se está exponiendo a la posibilidad de que quién pretenda instalar un comercio de ese tipo lo solicite igualmente, obviando la Ordenanza, y luego presente una Acción de Amparo, que sin dudas tendrá respuesta positiva en la Justicia. Y lo mismo podría ocurrir, contrario sensu, y me pongo como ejemplo para no exponer a nadie más en este pensamiento, si a alguien se le ocurriera editar otro semanario en Basavilbaso. Yo podría exigir, por el mismo medio que expliqué más arriba, que la limitación no se circunscriba a los supermercados, sino que se amplíe a cualquier tipo de emprendimiento que compita con el mío. Pensemos si de aquí al 31 de diciembre de 2016 no se podría dar un hecho como ese.

Y la otra cuestión tiene que ver, obviamente, con el "Cabildo Abierto", con el que, como ya dije hace un tiempo, estoy en total acuerdo en los fines, pero en total desacuerdo en los medios.

En primer lugar hablaré de los acuerdos. Me parece muy positivo que un gobierno que no tiene experiencia política pretenda saber, de boca de los ciudadanos de su pueblo, si están haciendo las cosas bien, o, en todo caso, qué se debería cambiar.

Los medios de democracia directa ya están específicamente definidos en la Constitución Nacional, en la de Entre Ríos, y en la Ley Orgánica de Municipios N° 10.027. Y en ninguna de ellas está prevista esta figura, con lo que caeríamos, aún sin quererlo, en otra inconstitucionalidad, ya que el mismo artículo 14 de la CN que hemos citado en el tema anterior, dispone que el derecho de peticionar a las autoridades es de orden constitucional y de él gozan todos los habitantes de la Nación, de acuerdo a las "leyes" que reglamenten su ejercicio. En aquella oportunidad dijimos que, según nuestra opinión, y teniendo en cuenta que Basavilbaso, por tener menos de 10.000 habitantes (exactamente 9.947 según el último censo), no puede tener su propia Carta Orgánica, la única salida medianamente legal hubiese sido la de dictar una Ordenanza al efecto. Como eso no se hizo, y, para colmo, según lo poco que se ha podido saber al respecto, uno deberá anotarse y decir con anticipación acerca de qué tema pretende inquirir, y, además, estarán prohibidas las repreguntas, habrá otro derecho constitucional vulnerado, que es el de publicar sus ideas sin censura previa. De esta manera muchos de los que pensábamos asistir no lo haremos, justamente para no adherir, con nuestra presencia, a un modelo formalmente inhábil. Y hasta sería posible plantear una Acción de Amparo para impedir su realización, dado que para ello se habilitan días y horarios en la justicia, o sea que se puede hacer incluso por la tarde del viernes. Obviamente que yo no lo haré, pese que mi condición de abogado me lo permitiría sin mayores obstáculos, pero con esto quiero dejar expresado que a veces no alcanza con la voluntad de hacer algo, sino que hay que estar seguro, cuando se trata de cuestiones de orden público, de que ello es posible, legal y fácticamente.

Esto último lo digo porque, al no tener poder coercitivo, será muy difícil para los organizadores, o para los moderadores, hacer cumplir los tiempos, las temáticas y el impedimento a las repreguntas, ya que nadie tendrá la facultad de impedirlo. No se podrá llamar a la policía, porque al no haber norma legal incumplida no hay delito ni contravención que justifique su participación.

Reitero. No quiero poner piedras en el camino. Solo advierto que hay cosas que no se están haciendo bien, pudiendo hacerlas bien. Y que no siempre lo legítimo es legal, o, dicho de otra manera, un acto puede ser a su vez legítimo pero ilegal. Esto en la ciencia denominada Ética se describe como "dilema moral", ya que uno debe tomar una decisión que lo hace caminar por la cornisa, corriendo el riesgo de caer en el abismo.

Ser ciudadanos significa mucho más que emitir un voto para elegir conscientemente  a nuestros representantes; más que estar informados de nuestros deberes y derechos. Significa defender  y transformar, a través de la participación democrática y legal, el lugar de poder que las personas puedan ocupar en las instituciones en las que participan.

Ser ciudadano también es más que un sentimiento patriótico hacia el país y sus símbolos: es defender la construcción de un orden social justo, que exige participación política y responsabilidad social.

Sin pretender dar una clase de la materia que dicto hace veinticinco años en el colegio, la formación ciudadana considera la convivencia social como un problema de los ciudadanos en tanto sujetos sociales, es decir, responsables de la construcción de un orden público que supone el respeto por las normas y las leyes que ellos mismos establecen.

Para sintetizar, no estoy en desacuerdo con el principio de permitir que el pueblo mismo decida sobre las cuestiones importantes. Pero, señores, no es esto lo que se pretende, o por lo menos yo lo interpreto así, con este Cabildo Abierto.                                                       

                                             Dr. Mario Ignacio Arcusin, para Semanario Crónica de Basavilbaso