A la verdad por el error

A la verdad por el error – Editorial del 25 de mayo de 2012 Hace un tiempo, en un editorial, expresé mi opinión respecto a la manera en que, a mi entender, deberían encararse los controles camineros en la provincia de Entre Ríos. Aquella vez el disparador había sido un incidente con un camión que transportaba tripas de pollo, desparramando podredumbre y polución durante muchísimos kilómetros, impunemente, y mientras dos puestos de policía caminera se negaban a aplicar el art. 72 (c-1) de la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449. Y eso cuando al mismo tiempo requerían a otros meras cuestiones reglamentaristas que no afectaban a nadie, o por lo menos no con un efecto tan inmediato como el de aquél camión, que llegó a su destino, contaminando, antes que yo, que tuve que demorarme para reclamar inútilmente. Después de tantos años de circular por las rutas uno advierte que sería mucho más eficaz un sistema móvil, que resuelva los problemas más graves del tránsito, que se dan con los vehículos en marcha, y no parados. Así sucede en la República Oriental del Uruguay, con gran éxito, ya que es fácilmente comprensible que si ahí está el problema, ahí se tiene que solucionar. Solo para dar un ejemplo, en los 200 kmts. de la Ruta 39 (luego 12) que hay desde Basavilbaso hasta Paraná, el único lugar en el que se controla el sobrepaso en doble línea amarilla es en el puesto fijo de Nogoyá, con una amplitud de mira de cien metros para cada lado. En el resto del trayecto uno sufre los efectos de la impericia, la imprudencia y la negligencia impune de quienes seguramente tienen su carnet al día, la tarjeta verde o azul lustradita y el seguro recontra pago, pero están listos y bien preparados para generar peligro a los demás. Obviamente que se trata de una cuestión conceptual, pero creo que lo interesante es que haya propuestas que sean superadoras, ya que la cantidad de accidentes es directamente (o inversamente, según como se mire) proporcional a la eficiencia de los controles. Hace pocos días, en la Ruta 20, cerca de nuestra ciudad, se mató un matrimonio al chocar contra un camión cuyo acoplado, según las informaciones obrantes, no habría tenido las luces reglamentarias encendidas. ¿Alguien podrá explicarme, en este caso, cuánto sumaba a la eficacia del sistema determinar si el conductor portaba su registro o la tarjeta verde vigentes? Como estamos en democracia, y es posible discutir acerca de tantas cuestiones, a mi me interesa hacerlo respecto de si es preferible trabajar para la prevención, aunque ello signifique resignar recaudación, o si, por lo contrario, es mejor reprimir y castigar, aunque los resultados no se vean en la ruta sino en la “caja”. En la tan discutida práctica de los radares, se contraviene expresamente lo determinado por la ley citada hoy en el primer párrafo, ya que las formas furtivas atentan contra ese propósito de la prevención. El supuesto infractor puede seguir excediéndose en los límites de velocidad cuándo y dónde quiera, porque el único fin del puesto instalado es hacerle la foto multa y cobrársela luego a través de los gestores contratados al efecto. No conozco ni un solo caso en el que se haya detenido al infractor para hacerle conocer lo sucedido y ponerlo en conocimiento de la existencia de sucesivos controles. Esto demuestra, otra vez, el mero afán recaudatorio de estas “campañas”. Y precisamente porque estamos en democracia, otra de las cuestiones a discutir tiene que ver con la necesidad de evitar esos viejos atavismos que hacen identificar al uniforme con el miedo, asociándolo con el rol que cumplió la policía en otros tiempos, por suerte ya superados. ¡Creo! El principio de inocencia nos pone a los particulares en un pie de igualdad respecto a los funcionarios policiales. No somos más que ellos, pero tampoco menos. Y nuestro rol de ciudadanos responsables nos ubica, por propia decisión, también en un pie de igualdad a la hora de hacer notar la comisión de delitos y/o contravenciones y exigir un decidido accionar para evitarlas. Días pasados fui detenido por uno de esos controles, al solo efecto de solicitarme la documentación del vehículo y el registro de conductor. El lugar en el que estaba instalado el puesto (que para el caso no importa, ya que no pretendo acusar sino hacer cambiar los comportamientos) era estratégico para controlar excesos de velocidad, sobrepaso en doble línea amarilla y falta de luces bajas encendidas, y es por esa razón que les expresé a los funcionarios que estaban a cargo del mismo que me parecía improcedente detenerme solamente para ver si tenía el carnet vigente. Y mi postura fue reafirmada por el hecho de que mientras yo estaba parado pasó un vehículo sin una de sus luces delanteras y sin las dos traseras, y pese a mis reclamos, no se hizo nada al respecto, permitiéndose que siguiera así hasta quién sabe dónde. Más todavía, se me recriminó duramente que les gritara desde el borde de la ruta, donde me encontraba estacionado, que hicieran algo para detener a ese potencial peligro andante. Si me hacían caso, se subía uno de ellos al móvil, y perseguían al citado vehículo, le hacían un inmenso favor a los que circulaban por esa o por otras rutas (nunca se podrá saber hasta dónde llegó así ese irresponsable), mucho más que el que le hicieron pidiéndome a mí el carnet. Casi como si fuera un caso más de la Ley de Murphy, en el viaje de ida, en otro puesto de la “39”, se me detuvo para pedirme el registro y ¿preguntarme? de qué vehículo se trataba (es un Renault 19, no un auto finlandés único e irreconocible). Esos datos fueron anotados con mucha seriedad por parte del agente, pero hasta el día de hoy no puedo entender con qué finalidad. Si es por estadística, alguien de la Policía de Entre Ríos deberá explicarme qué se gana con ello, y en qué medida aumenta nuestra seguridad esa recopilación burocrática. Mi reclamo ocasionó el enojo del personal actuante, mediante gestos y volumen de voz que me reprochaban a mí (debo reconocer que de verdad estaba “caliente”), pero que parece que en ellos estaba justificado. Estuve casi media hora en el lugar, ya que, seguramente contagiado de mi bronca, el auto no arrancó, por lo que tuve que esperar ese tiempo (¡si!) que fue el que le llevó a un oficial labrarle el acta de infracción a otro automovilista (desconozco la causa), que expresó su intención de cincharme (bueno, al R19, no a mí) para lograr que arrancara (otra vez no yo, sino el R19). Yo supongo que debe haber un control estadístico acerca de cuántas irregularidades de documentación se detectan con estos métodos, y de qué manera influyen sobre los reales problemas del tránsito. Ese día, nublado y con neblina, era muchísimo más grave la falta del auto sin luces, al que se lo dejó pasar, que la posibilidad, incierta y con un bajo porcentaje de ocurrencia, de que yo tuviera el registro vencido. A esta altura debo decir que yo tenía todo lo requerido en regla, por lo que la razón de mi reclamo no es vengativa, sino que pretende aportar a una más normal relación entre la gente y la policía, y, por sobre todo, a una priorización de aquellas cuestiones que merecen más atención para su solución. Repito: era el mediodía, yo circulaba con las luces bajas encendidas, dentro del límite de velocidad permitida y con los cinturones de seguridad de conductor y acompañante visiblemente colocados. ¿Para qué me pararon? “La injusticia en cualquier lugar es una amenaza en todos lados”. Martin Luther King Dr. Mario Ignacio Arcusin, para Semanario Crónica de Basavilbaso