Desordenanzas

Desordenanzas - Editorial del 26 de marzo de 2010
No es esta una excepción a la regla que nos ha llevado tantas veces a elegir el tema acerca del cual escribir cada semana. Otra vez un detonante particular nos motiva, y aunque terminemos alejándonos de él, debemos reconocer la causa, motivo, razón o circunstancia que nos inspiró.
Y más todavía. Habiendo comenzado su redacción durante el pasado fin de semana, “en caliente”, los hechos ocurridos en la ciudad de Baradero, que son de público conocimiento, agregaron ingredientes necesarios para la concreción de la idea.
Este gobierno municipal de Basavilbaso, y al decir éste nos estamos refiriendo genéricamente a los tres últimos que incluyen al actual, haciéndolo así por el tácito pedido de los mismos actores principales, que suelen referirse a las últimas tres administraciones, las de Aldáz, Flores y Rossi, como una sola, se ha caracterizado por legislar normas vacías de sustento, que nacieron con la predicción de terminar siendo letra muerta en un muy breve plazo.
Una de las consideraciones que debe tener el legislador, en todos los órdenes estaduales, respecto a las normas que piensa brindar a la comunidad, es la de sancionar leyes que tengan como fuentes las que la doctrina considera como tales, y no el capricho de algún funcionario que se despertó convencido de que eran necesarias, y valiéndose de eso, persuadió a propios y extraños de lo “imprescindibles” que resultaban para gobernar. O sea, básicamente, una especie de Decretos de Necesidad y Urgencia de entrecasa, nacidos al amparo de una “posición voluntarista” que parte de mandatos externos o “divinos” que no pueden ser considerados como una premisa de deducción. El contenido de los mandatos no se deduce linealmente de algo preciso sino que son deducciones de contenido amplio. Lo que importa es la necesidad lógica de orden. ¡Así nos fue con esos criterios!
La dialéctica hegeliana, a la que parece ser afecto el Director de Asuntos Institucionales y Jurídicos, plantea los graves riesgos de esta forma de ver las normas, ya que para ellos, por ejemplo, el que rompe el sistema jurídico es un anarquista. Un anarquista, sin embargo, puede creer en lo que hace y universalizar su intención. Además está dispuesto a asumir sus consecuencias. A veces la anarquía resulta ser un grito de rebeldía frente a las iniquidades y a las injusticias.
Hemos luchado siempre en defensa de que las cuestiones políticas no se conviertan en cuestiones personales. Nos ha dolido cuando lo han hecho con nosotros, y es por eso que ponemos siempre el énfasis en hacer la aclaración de que no se trata de “enojarse con el cartero”, sino de aceptar las críticas al estilo de Tácito, nuestro amigo en el tiempo y la distancia. El respeto personal que tenemos hacia todos y cada uno de los funcionarios de esta administración (trilógica), la amistad que nos une con algunos de ellos, y la relación profesional con otros, no nos puede impedir un análisis profundo y claro (por lo menos a nosotros nos parece claro), ni, mucho menos, la expresión pública de lo que entendemos son graves defectos normativos y de aplicación.
Vamos a tomar como ejemplo solo tres Ordenanzas, que fueron en su génesis las más notables y porque terminaron produciendo, casi, un apocalipsis. Son ellas la N° 100/2006 denominada, creemos que desmesurada y pomposamente, “Digesto del Plan General de Ordenamiento Territorial de Basavilbaso”; la N° 148/2008, de Tránsito, que pretendió poner “en vereda” (si se nos acepta el juego de palabras) a los camioneros sin lograr ninguno de sus objetivos, y, finalmente, la N° 158/2008, que pone en vigencia un Código Municipal de Faltas que ya analizáramos “in extenso” a pocos días de su sanción, y que ha demostrado, en los hechos, su absoluta ineficacia ante el más simple recurso presentado por un infractor.
Los hechos ocurridos en Baradero nos demuestran, por aplicación del viejo adagio que reza “cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar”, que si pretendemos una mayor seguridad, tanto en la vida como en el tránsito, no podemos criticar los controles rutinarios y tenemos que acostumbrarnos de una buena vez a respetar y hacer respetar la Ley.
El respeto a la ley y a las reglas debería ser algo sin discusión. En los países serios a nadie se le ocurre no usar casco, porque además uno sabe que eso va a ser sancionado. La ley es para cumplirla. Acá no es así. Estamos cansados de ver motociclistas que no usan el casco, pasan por delante de los inspectores, y nada ocurre. En un país donde el gobierno no respeta a las Instituciones ni a los ciudadanos, donde la policía no cuenta con medios ni tiene un entrenamiento apropiado, donde ganan sueldos miserables, donde en el mismo gobierno hay funcionarios que por sus antecedentes no deberían ocupar esos cargos, en un país donde no se dan ejemplos de arriba hacia abajo, no se puede pretender más que esto que sucede.
No nos parece que una infracción de tránsito justifique una persecución riesgosa donde corre peligro la vida de los infractores, de los inspectores y de algún tercero que tenga la mala fortuna de cruzarse en el camino. Pero habida cuenta de que hay jóvenes que potenciados con alguna ingesta se desinhiben y cometen actos de irracionalidad, la autoridad tendría que evaluar los riesgos y elegir el mal menor. Tal vez esto sea consecuencia de que mucho personal municipal de pueblos del interior accede a un cargo o puesto por ayuda o en pago de favores y no tiene capacidad profesional y a veces tampoco sentido común. Al fin y al cabo en pueblos chicos se conocen todos y todo el mundo se puede ubicar.
Sigamos apañando estas actitudes y seguiremos viviendo en el “País Jardín de Infantes”. ¿Tanto nos cuesta educar a nuestros hijos? Si como padres los autorizamos a andar en moto, primero debemos advertirlos de un montón de cosas. Entre ellas, que usen casco, y que, aunque parezca de Perogrullo, si un oficial de policía les ordena detenerse, se tienen que detener. Básicamente porque huir de la policía puede ser una travesura, pero también puede terminar así. Después, habrá que ver si es verdad que el inspector les tiró el auto, si es verdad que huyeron... Habrá que ver qué grado de responsabilidad tuvieron los funcionarios (si es que la tuvieron) en ese final trágico. ¡Pero, por favor, dejemos de justificar todas las acciones de nuestros hijos sólo para salvar nuestras ropas como formadores!
El problema general del tránsito es que nadie lo controla, más allá de la perfección o imperfección de la norma. Aceptemos también que impactan mucho los tan mentados “procedimientos” que periódicamente se realizan, como si la única manera que tienen para hacer ver su presencia es parar a quienes no tienen casco y van en moto, ¡pero solo ese día! Parece que el manejo preciso de las estadísticas les permite determinar en qué fecha y horario se potencia la posibilidad de accidentes, porque durante el resto de las horas, de los días y de los meses, el paso es libre. No olvidemos que además de la obligación de cumplir las normas, y como contrapartida, está la obligación de los funcionarios de hacerlas cumplir. Y que mientras la primera de las potencias, en este caso, es contravencional, la segunda es un delito y está tipificado en el Código Penal como “Incumplimiento de los Deberes del Funcionario Público”.
Difícilmente la falta de casco ocasione un accidente, y, como sabemos, nuestra Constitución establece que “las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados”. Pero, en ese caso, si es que los integrantes del Departamento Ejecutivo Municipal así lo entienden, y coinciden con nosotros en que la responsabilidad sigue siendo de los formadores, o sea de los padres, cuando los motociclistas son menores, o de cada uno de nosotros, cuando adquirimos conciencia de nuestros actos, deben derogar la Ordenanza, efectivamente, y no como está ahora, abolida por el uso y el desuso.
Dr. Mario Ignacio Arcusin, para Semanario Crónica de Basavilbaso