Lo que les falta a las faltas – Editorial del 29 de julio de 2016

Los lectores de Crónica van a decir que soy repetitivo en esto, pero necesito explicar que los editoriales que escribo surgen cada semana a raíz de algún hecho que actúa como disparador, y es quizás por eso, justamente, que los suelo escribir los miércoles por la noche, casi cerrando la edición, a la espera de que suceda algo más interesante que lo que tengo en mente hasta ese momento, y, por suerte, eso suele suceder. Para eso trato de no perder de vista que la intención de este director (coincidentemente editorialista) es editar un periódico que, como dice en su encabezamiento, desde que lo dirigía mi padre, hace ya más de sesenta años, sea un “periódico   de   interés   general   y   defensor   de   los   intereses   de   la   zona”.

Algunas veces el “disparador” puede ser algo que leí o escuché en otro medio; también puede ser algo que vi yo personalmente o algo que me contaron; nunca existen límites territoriales ni mucho menos autocensura. Y jamás me puse a pensar, al escribir lo que me sale de adentro, si ello puede molestar política o institucionalmente a alguien. Por supuesto que conozco muy bien los encuadres legales de la actividad periodística, y, por encima de ello, nunca se van a leer acá agravios de índole personal, social o religiosa. Por lo demás, como ya lo manifesté también hasta el cansancio, el que no esté de acuerdo con algo que lea acá, tiene a su disposición una página de la próxima edición para expresarse, dentro de los mismos contextos a los que me referí más arriba.

Toda esta introducción tiene que ver con que voy a volver a escribir sobre un tema que siempre me preocupó, relacionado con la problemática del tránsito en Basavilbaso, de la aplicación de multas, del ámbito para su juzgamiento, del tratamiento de los descargos y de la necesidad imperiosa, a mi entender, de contar de manera urgente con un Tribunal de Faltas.

El día de ayer, martes 26, recibí esta Carta de Lectores la que, previa consulta con su autora, decidí convertir en el motivo central recurrente de la página de hoy para, después, tratar de desentrañar y desgajar de ella las conclusiones que nos lleven a las necesarias soluciones.

Sr. Director: Le escribo para relatar los hechos por los que se me imputa una multa, en agosto de 2015, luego de salir del trabajo (poco después de las 17 hs.) y regresando hacia Villa Mantero. Circulaba de Oeste a Este por Avenida 25 de Mayo, con las luces encendidas ya que pensaba tomar la ruta N°39, cuando al llegar a la intersección con Lavalle en el cantero central vi un cartel de desvío con una flecha señalando a la izquierda, y la parte de la avenida por la que debía seguir circulando estaba parcialmente cortada por una cinta de peligro (roja y blanca). Como veía camiones realizando maniobras frente a FABA  tomé por la otra mano de la avenida, como se hace en otras localidades (Caseros, Villa Mantero) cuando una parte de la avenida está cortada. Y habiendo circulado aproximadamente 15 o 20 mts. se interpone una moto que venía de frente (aclaro que yo iba a 30-35 kms/h) y me hacía señas el conductor. La esquivé y frené al costado, ya que pretendía rozarme con la parte trasera de la moto el lateral derecho del auto; bajé el vidrio y pregunté qué pasaba, a lo que me contestó que yo circulaba contramano. Le dije que estaba cortada la otra mano, y me contestó que había un cartel de desvío. Le dije que eso estaba haciendo, a lo que me contestó que debía dar marcha atrás y dar la vuelta a la manzana. Le dije que no y volvió a decirme lo mismo, a lo que contesté que no estaba bien señalizado y seguí con destino a Villa Mantero. Luego de un tiempo recibo en mi casa una citación a través de la policía por transitar contramano y emprender la fuga. En ese momento me enteré que este sujeto que conducía la moto es un inspector municipal, ya que nunca se presentó ni tocó el silbato, como dice en la multa.

Por lo antes expuesto, me niego a pagar la multa ya que no es cierto lo que declara el inspector de tránsito, quien no se dio a conocer ni tocó el silbato en ningún momento y porque además la señalización de desvío no era correcta. Tampoco había un inspector en el lugar del desvío. Firma: Mónica Portillo.

En este punto debo hacer algunas necesarias aclaraciones. En primer lugar es obvio que los hechos ocurrieron durante el anterior gobierno, pero la intimación del pago de la multa corresponde a la presente gestión. Ignoro si es que la lectora presentó algún tipo de descargo, pero de todas maneras acá nos encontramos con el primer problema. La manifiesta inservibilidad de la reglamentación vigente, y hablo específicamente de la Ordenanza de Tránsito, pero más que nada del Código de Faltas, que es un adefesio sin sentido jurídico y de incomprensible lectura, hacen que los descargos resulten ineficientes, por más que sean hechos por profesionales (lo que de todas maneras implica un costo extra para, como en este caso, demostrar la inocencia), y determinan que solamente se retrotraigan multas que de por sí resultan irrisorias, y de las cuales tengo unas cuantas en mi archivo.

En editoriales anteriores en los que he tratado el tema dejé en claro de que ni la culpa ni la responsabilidad genérica del problema son de los agentes de tránsito. Habrá algunos casos puntuales en los que se le podrá imputar alguna falla, pero acá el inconveniente es estructural, ya que no se puede arreglar el techo si antes no se arreglan las paredes.

La carta de la Sra. Portillo, escrita evidentemente desde la pasión a la que la llevó la bronca, deja más o menos en claro cuál es la magnitud del problema, y, sin dudas, si le pidiéramos a cada uno de los que han debido abonar multas por infracciones de tránsito en nuestro municipio en los últimos tiempos, nos encontraríamos con problemas similares. Al no haber reglas claras, uno no sabe a qué atenerse, y todo queda librado a la voluntad, disposición y humor del funcionario de turno en el momento en el que ocurran los hechos.

Por lo tanto, insisto, y más allá de cuál sea la solución que se le encuentre al problema planteado en la carta, acá hay que “barajar y dar de nuevo”, si queremos solucionar definitivamente uno de los problemas más graves que tiene Basavilbaso, y por el que hasta ahora nadie ha hecho nada estructural. Hasta la provisión de nuevos elementos, de lo cual damos cuenta en otra página de la presente edición, es solo un parche coyuntural.

Como nosotros no le escapamos a la sugerencia de soluciones cada vez que hacemos un análisis que diagnostica inconvenientes, vamos a insistir con  que se debe encargar a alguien capacitado para hacerlo que redacte una nueva reglamentación que englobe el ordenamiento del tránsito y las sanciones por su incumplimiento. Esa debería ser la primera y más urgente medida, ya que lo que existe permite las arbitrariedades y desprolijidades que se siguen cometiendo.

Pero la solución de fondo, tal y como ha sido llevada adelante por la mayoría de los municipios, y que, además, cumple con los principios generales del derecho que indican que no se puede ser juez y parte, y los constitucionales de defensa en juicio, es la presentación de un proyecto que prevea la creación de un Juzgado de Faltas, el que, por ser un organismo autónomo, garantizará tanto al ente que aplica la multa como al supuesto infractor, un adecuado proceso legal en el que pueda exponer libremente las pruebas de las que disponga, que pueden incluir testimoniales, periciales, de informes, fotográficas, etc., que ahora están vedadas o son de cumplimiento imposible o demasiado difícil u oneroso.

La ineficiencia de este sistema queda demostrada, entre otras cosas, por la acumulación de motovehículos en los depósitos municipales, los que en gran parte fueron desguazados, y que podrían generarle al Municipio un gran dolor de cabeza si es que algún propietario resolviera iniciar una acción legal solicitando su devolución. Y digo esto, primero, porque entiendo que el artículo de ese horrendo Código de Faltas que autoriza con un eufemismo el decomiso del bien es, a mi entender, inconstitucional, y segundo, porque motos que fueron detenidas circulando, por infracciones tales como falta de casco o de seguro obligatorio, si hoy se presentaran los dueños a retirarlas, más que seguro que no funcionarán, y no por el simple paso del tiempo que las arruinó, sino porque les faltan la batería, el motor, las ruedas, o cosas por el estilo. Y de eso es responsable el Municipio, por lo mismo que ya expliqué acá cuando el corte del cable de fibra óptica.

Yo entiendo que, equivocadamente, se está viendo el sistema de multas solo como un método recaudatorio, y es por eso que los operativos no dan resultado y nadie mejoró su comportamiento conductivo por haber sido sancionado. Hace mucho que la ciencia jurídica descubrió que no necesariamente a mayor sanción menor contravención.

Como decía mi abuela, más vale prevenir que curar. O, como agrego yo, parafraseándola, más vale prevenir que enterrar.

                                                     Dr. Mario Ignacio Arcusin, para Semanario Crónica de Basavilbaso