jueves, 18 de julio de 2013

Debido (De Vido) a la impunidad

Debido (De Vido) a la impunidad - Editorial del 19 de julio de 2013 Todos los gobiernos se caracterizan por algo. Por cierto la Ciencia Política se especializa en estudiar las diferencias entre cada una de esas características, y de allí, precisamente, han surgido las definiciones de democracia, autocracia, totalitarismo, y tantas otras que describen las peculiaridades que hacen preferibles, o no deseables, a quienes manejan nuestros destinos. Pero hay otras definiciones que ya no tienen que ver con esa materia, sino más con "la ley y el delito", tomando el título de un criminalista español muy conocido entre quienes estudiamos Derecho. Últimamente, y cada vez con mayor aceleración, menos descaro y más sensación de impunidad, se habla de los gobiernos, o de quienes los integran, en relación o como consecuencia de su capacidad para hacer negocios y enriquecerse. Horacio Verbitsky, seguramente el investigador periodístico más importante que dio la Argentina en estos años, por lo menos hasta que decidió dejar de analizar y comenzar a justificar solamente los hechos y dichos de los gobiernos kirchneristas, escribió hace muchos años un libro que desnudó una costumbre muy arraigada en ciertos y determinados partidos, y en ciertos y determinados de sus funcionarios. En principio, debemos decir que para que el título que eligió se hiciera realidad hacía falta que esos partidos y esos funcionarios gobernaran. El libro en cuestión se tituló "Robo para la Corona", y el subtítulo, quizás todavía más importante y explicativo, era "Los frutos prohibidos de la corrupción". La primera edición de esta especie de manual de las malas costumbres de ciertos políticos, que algunos consideran necesarias, o por lo menos así nos lo quieren hacer creer, es de 1991, o sea que venimos conociendo el trasfondo de estas prácticas desde más de veinte años, aunque en verdad ya en gobiernos anteriores hubo denuncias públicas de enriquecimiento ilícito y de utilización de testaferros. Obviamente que un caso emblemático es el de Jorge Antonio, pero también hubo otros vinculados a negocios como los de la carne o los de las carreras de caballos, que en la década del '50 resultaban apropiados para derivar hacia ellos los dineros mal habidos. Esto, contado ahora, parece un relato infantil al lado de lo que estamos viendo en vivo y en directo, pero digamos que fue el campo propicio como para que se probara que en la Argentina la impunidad campea, por lo menos en ese tipo de delitos y con respecto a ese tipo de personas. No por nada es emblemática en las facultades de derecho de nuestro país el estudio de los casos llamados de "ladrones de gallinas", en los que las penas suelen ser mucho más duras. ¡O quizás deberíamos decir en los que las penas suelen ser! También es cierto que en la Argentina, que es nuestro escenario ("este es mi lugar y aquí me quedo"), la mención de la corrupción ha sido muy útil para justificar los golpes de estado. Casi todas las llamadas "revoluciones", y estamos hablando de la serie que comenzara en aquél 6 de septiembre de 1930, tuvieron, en mayor o en menor medida (en mayor la del 16 de septiembre de 1955, llamada "libertadora", y la del 24 de marzo de 1976, autodenominada "Proceso de Reorganización Nacional", y en menor medida o en nula las restantes) como argumento central la necesidad de terminar con la corrupción de los civiles. ¡Y empezar con la de los militares y sus cómplices! Pero la realidad indica que en muchos gobiernos civiles, aun cuando ya la amenaza de los golpes aparezca como utópica, se empieza a poner en debate la forma en la que se ejerce el poder. Así, luego de habernos recuperado de las consecuencias de la represión, los muertos, los desaparecidos, el robo de bebés, y haber tomado la decisión de juzgar a los culpables, comenzamos a darnos cuenta de que, por ejemplo, que alguien cobrara una jubilación diez o más veces mayor a la de uno, era percibido por el ciudadano común como un acto de corrupción. Por eso aparecieron las llamadas "jubilaciones de privilegio" que, es claro, al lado de las cosas que vemos hoy es otro cuento de chicos. Ahora, decenas de miles de millones de dólares pasaron de unos bolsillos a otros, empezando por el bolsillo del Estado, que es el que se vació primero, y terminaron creando una situación estructural que parece imposible de solucionar y que condiciona sobremanera los cursos de acción futuros. Por un lado sabemos que políticamente es imposible imaginar la gobernabilidad si no es con el kirchnerismo al frente, no solo por su propia capacidad (mínima, pero capacidad al fin) sino por la absoluta y total impericia de la oposición, no ya para gobernar, lo que es utópico, sino simplemente para oponerse. No por casualidad estoy justamente leyendo por estos días una novela de un autor cubano llamado Leonardo Padura (la novela lleva por título Pasado Perfecto, y la recomiendo) en la que el tema central tiene que ver con un caso de corrupción en un alto nivel de gobierno en la actual Cuba (recalco lo de actual porque se supone que la Revolución fue justamente hecha para terminar con los privilegios del régimen de Fulgencio Batista). Eso demuestra muchas cosas que nos pueden servir a nosotros de enseñanza. Una es que a medida que se asciende en la pirámide burocrática las instancias superiores no sólo tienen la responsabilidad formal por los actos de sus subordinados, sino que los propios delitos serían imposibles sin su protección y que, entonces, casi una lógica consecuencia que encuentra el sistema para solucionar este "problema" es asaltar los organismos de control, que deben ser de gestión independiente, y de ese modo lograr una concentración de poder que decide a quién se premia y a quién se castiga. Fíjese Ud., amigo lector, que el papel de Gils Carbó en estas instancias está muy distante del que debe ejercer un Procurador General de la Nación. Y eso sin hablar de lo que podría pasar si se logra el resultado que el gobierno pretende conseguir con la reforma judicial, que no es otro que el de dejar de lado los méritos de cada uno para empezar a ocuparse de lo que le sirve y le interesa al poder. Concretamente, y aunque parezca mentira, salvo que leamos las cosas a la luz del título de la obra de Verbitsky, hasta ahora la investigación judicial sobre el empresario kirchnerista Lázaro Báez no involucró directamente a ningún funcionario del Gobierno. Sin embargo, sí pudo haberlo hecho, ya que la acusación original por lavado de dinero incluía al ministro de Planificación, Julio De Vido, dado que se sospechaba que había favorecido a Báez con contratos de obras públicas. Su nombre fue eliminado del dictamen cuando intervino en el expediente el fiscal antilavado Carlos Gonella, un hombre designado en forma polémica por la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó. También tuvieron esa suerte el propio Báez y sus hijos Martín y Leandro. Pero es claro que las corporaciones siempre tuvieron las espaldas bien cubiertas, y este Frente para la Victoria no es la excepción. "De Vido fue beneficiado por un fiscal cercano al Gobierno", habría que titular, pero también "Clarín fue beneficiado por una Corte adicta al no resolver luego de 4 años sobre la Ley de Medios" o, "La Nación se beneficia del silencio de la Corte adicta, respecto del fallo sobre una deuda con la DGI que lleva más de 10 años", o, "La Sociedad Rural fue beneficiada por un Juez cercano a sus intereses en el caso de la anulación del predio de Palermo". Pero también es cierto que el gobierno sigue dando mucho que hablar. Ricardo Jaime, uno de los arquetipos del sistema (ciudadano ilustre de Basavilbaso porque en 2008 anunció acá que iban a traer trenes de Portugal y de España), está prófugo desde hace una semana, en rebeldía frente a la acusación de administrar de manera fraudulenta un contrato por poco menos de $ 8 millones para realizar mejoras en el ferrocarril Belgrano Cargas, y por autorizar sin fundamento el pago de $ 2 millones a esa empresa. Madre, yo al oro me humillo, Él es mi amante y mi amado, Pues de puro enamorado, Hace todo cuanto quiero, Poderoso caballero es don Dinero. Francisco de Quevedo. Dr. Mario Ignacio Arcusin, para Semanario Crónica de Basavilbaso

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