Sobre causas y efectos

Sobre causas y efectos - Editorial del 18 de junio de 2010
A nosotros nos parece muy justo y válido el reclamo por la identidad de los hijos de desaparecidos, sobre todo de aquellos apropiados, tal como parece ser el caso de Marcela y Felipe Noble Herrera, adoptados por lo menos irregularmente por la dueña de Clarín.
No está de más recordar, de paso, que el delito no es tal solamente para aquellos que recibieron bebés de ese origen. En sí la supresión de identidad y el ocultar quiénes son sus padres biológicos es una acción punible que está prevista en el artículo 138 y siguientes del Código Penal de la Nación.
Esta causa en particular fue iniciada por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, que preside Estela de Carlotto, hace ya varios años. En el caso de Marcela, se cree que sería hija de Roberto Lanuscou y Bárbara Miranda, mientras que Ernesto García y María del Carmen Gualdero podrían ser los padres de Felipe. Lanuscou, Miranda, García y Gualdero, continúan desaparecidos junto a otros 30.000. Roberto fue asesinado, mientras estaba junto al resto de la familia (esposa y dos hijos) el 3 de septiembre de 1976 por patotas y grupos del Ejército y la policía bonaerense. Se presume que Matilde sería la beba secuestrada ese día y podría tratarse de Marcela Noble.
Lo que cuenta Ernestina Herrera respecto de la adopción es lo siguiente: encontró a la nena en el jardín de su casa, se la quedó, siete días después fue al Juzgado a decir que quería adoptarla. Justo en el Juzgado había otra madre que quería dar en adopción a su bebé porque no podía mantenerlo. La historia es tan inverosímil como las pruebas que aportó para aseverarlo: un jardinero que habría visto la caja en que estaba la nena, que resultó ser chofer del diario, y una madre cuya identidad no pudo probarse (se recuerda que el trámite se hizo en la Justicia) y de quien se aporta un DNI que en realidad pertenece a un hombre.
Estamos de acuerdo en que el único modo para saber si efectivamente los dos hijos adoptados por Herrera de Noble son hijos de personas desaparecidas es mediante el análisis de ADN, que Marcela y Felipe se niegan a efectuarse. Es de hacer notar que la Cámara Federal de San Martín señaló que tenía que tener en cuenta el criterio de la Corte Suprema, que después fue ley nacional, y que se trata de que cuando una persona se niega, corresponde obtener muestras por otras vías alternativas en objetos que haya usado y que contengan células suyas.
Este tema, con el que, como ya dijimos, estamos totalmente de acuerdo, se ha convertido en la bandera del kirchnerismo, y les sirve para cualquier cosa, hasta para justificar lo injustificable. Por suerte hemos conseguido sacar de nuestra grilla televisiva a la TV Pública (recordemos que también a ciertas mujeres, eufemísticamente, se les dice “mujeres públicas”), así que nos libramos de tener que escuchar, aunque sea por casualidad, los obsecuentes y en su mayoría falaces comentarios que tienen siempre como eje la justificación de todo los que hacen Cristina y su consorte. Es claro que nunca hablan de, por ejemplo, los fondos de Santa Cruz ni de la apropiación (ya que estamos) de los bienes de tanta pobre gente afectada por la “1050”, a la que los Kirchner en su doble condición de abogados (¿será?) y de usureros, desapoderaron, en muchos casos, de su única vivienda familiar, sin importarles esos mismos derechos humanos por los que hoy se rasgan las vestiduras. Y tampoco hemos visto en ese programa, las pocas veces que previa toma de un antiácido nos animamos a “aguantarlo”, que se hayan mostrado las fotos que son ya de pública circulación y en las que aparece Néstor en compañía de los más altos jerarcas del gobierno militar procesista.
Específicamente en este caso, no cesan de insistir en que, si Herrera de Noble no tiene nada que ocultar y quiere a esos chicos, debería tener un único e inédito gesto de grandeza y terminar con las evasivas a la justicia.
Nosotros creemos que hay que cumplir con la ley, establecer fehacientemente la identidad de los jóvenes (si finalmente resulta posible saber de quién son hijos), cursar estos datos a sus familiares genéticos y ahí termina el caso. Los parientes no pueden hacer que los jóvenes los acepten, ni pueden obligarlos a nada. Estará en ellos optar por lo que más quieran de su vida, y lo que resuelvan hoy podrá ser modificado por él o ella mañana sin tener esto ninguna relevancia. Es nada más cumplir la ley guste o no, y no obliga a nada a los hijos de esta señora, ni da derechos a sus familiares legítimos. Y si Ernestina Herrera cometió algún delito (es obvio que Marcela y Felipe no), se la debe juzgar y condenar.
Entonces, y hechas ya todas las salvedades, vamos a tratar de trazar un paralelo entre el comportamiento que el gobierno y sus publicistas y chupamedias variopintos tienen respecto a esta cuestión, con la que, de manera muy pero muy distinta adoptan respecto al hoy tan meneado caso de Botnia y la contaminación del Uruguay.
El 20 de junio de 2007, hace ya casi tres años, a siete meses del comienzo del bloqueo, los asambleístas se acercaron al por entonces mandatario argentino, Néstor Kirchner, y le entregaron una pequeña bandera que contenía la leyenda "Fuera Botnia. Viva la Patria" y una nota impresa en papel reciclado donde planteaban su intención de que se relocalizara la planta de Fray Bentos. Inmediatamente se le pidió la opinión respecto a ello al canciller uruguayo de ese momento, Reinaldo Gargano, quién dijo no preocuparle la aparición de Kirchner agitando esa bandera contra Botnia durante un acto oficial. "No voy a juzgar la conducta particular del presidente" porque "tiene derecho a expresar su modo de ver las cosas", aseguró Gargano, aunque recordó, muy inteligentemente, que el mismo Kirchner, en su mensaje a la Nación en 2005, había declarado que las plantas no contaminaban y que estaba de acuerdo. ¡Después ese discurso fue el argumento central de la respuesta uruguaya a la demanda argentina ante La Haya!
Ahora bien, siguiendo el criterio utilizado consuetudinariamente para indicar cuál es la manera de resolver el tema de los “chicos de Clarín”, ¿por qué no se sigue el mismo criterio en éste caso? Así, a simple vista, resulta tan simple, que “hasta parece cuento” (como decía Borges) que nadie lo proponga, incluso usando esta comparación. Si todos están seguros de que Botnia no contamina, ¿por qué no se acepta el monitoreo periódico de la planta y de las aguas del río Uruguay? ¿Pedir eso no es acaso lo mismo que exigir el ADN de Marcela y Felipe? Es más, ¿puede alguien asegurar que el grupo Clarín es peor que el grupo escandinavo dueño de la pastera?
¿O es que al kirchnerismo le conviene terminar con Clarín pero no terminar con Botnia? ¿Será que los negocios de los amigos del poder involucran tanto a Papel Prensa como a las pasteras? ¿Seremos todos los argentinos y uruguayos de buena fe, incluidos los asambleístas de Gualeguaychú, los idiotas útiles al servicio de un grupo inescrupuloso de delincuentes (más allá de que no hayan sido todavía juzgados ni estén todavía condenados) que no hesita en poner en juego valores tan fundamentales como la soberanía (en este caso) o los Derechos Humanos (en el otro), para sacar su propio provecho que es solamente económico?
Nos animamos a hablar de “idiotas útiles” porque tenemos documentado el momento demagógico en que, en plena campaña presidencial de Cristina, su marido, por entonces presidente y jefe de prensa de su esposa, manifestaba, en un acto “patriótico-electoral” al que tanto nos tienen acostumbrados, a propósito de un nuevo aniversario de la Independencia (¡nada menos!), sin que se le cayera (ni en ese momento ni ahora, la cara de vergüenza), allá por 2007, que reivindicaba la lucha contra la pastera finlandesa Botnia como “una causa nacional”. Y lo dijo frente a, entre otros, varios integrantes de la Asamblea Ciudadana de Gualeguaychú que, con banderas, reclamaron que la pastera se vaya del río Uruguay.
A ellos, y a todos, hay que recordarles, siempre, que no se pueden exaltar las causas y luego agraviarse por los efectos.
Dr. Mario Ignacio Arcusin, para Semanario Crónica de Basavilbaso