Nos comimos el garrón

Nos comimos el garrón – Editorial del 6 de enero de 2012
El tema de hoy tiene que ver con la aprobación de la Ley Antiterrorista en el Congreso de la Nación, y el garrón que nos comimos, (y que peor se comieron los oficialistas) por no debatir entre nosotros, abiertamente, si es que había necesidad de sancionar una ley de esta naturaleza y, más todavía, si es que había que aprobarla del modo en que fue aprobada. Sobre todo teniendo en cuenta que hubo elecciones, posibilidad única e irrepetible de difundir las ideas propias y recibir las ajenas.
La nueva ley, que ya está en vigencia, introduce la figura de "terrorista" en el Código Penal, duplica las penas en los casos que el delito se encuadrara en el marco de esa normativa y, según varios especialistas, abre la puerta para que la protesta social sea criminalizada en un grado mayor al actual.
Para entender un poco más esta cuestión, tenemos que hablar de la tristemente célebre Doctrina de la Seguridad Nacional, que fue una visión que sostuvo ideológicamente a los gobiernos autoritarios en América Latina principalmente durante los años sesenta y setenta. Estuvo alentada por Estados Unidos, ante la "amenaza comunista" en la región durante la Guerra Fría y fue transmitida principalmente desde la polémica Escuela de las Américas en Panamá, que instruyó a militares latinoamericanos en técnicas de contra-insurgencia y violaciones a los derechos humanos. La Doctrina de la Seguridad Nacional se convirtió en el sostén ideológico de las dictaduras militares en América Latina y fue ideada por el gobierno de Estados Unidos como forma de ejercer un contrapeso político en la región en el marco de la Guerra Fría.
El tema es que no podemos entender cómo el kirchnerismo, sector interno del PJ que encabeza este gobierno supuestamente nacional y popular (Nac&Pop como lo define la intelectualidad progre), sabiendo que la Doctrina de Seguridad Nacional consideraba a los propios ciudadanos de un país como posibles amenazas a la seguridad, no nos puede (o nos quiere) explicar ahora, después del voto de sus legisladores que permitió la sanción de la Ley Antiterrorista, cómo puede ser "nacional y popular" un gobierno que entrega su soberanía en un tema tan delicado como el de dictar leyes, respondiendo genuflexamente a las presiones de un organismo económico internacional llamado Grupo de Acción Financiera (Gafi), ente intergubernamental cuyo "propósito" es el desarrollo y la promoción de políticas, en los niveles nacional e internacional, para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, claro que manejado a su arbitrio por el imperialismo norteamericano, que decide qué es lavado y qué es terrorismo, y generalmente se decanta por aquellas cuestiones que ocurren fuera de su territorio, pero que le afectan solamente a ellos.
Además esa "doctrina", de la cual la Ley Antiterrorista y la "sugerencia" del Gafi son una versión corregida y aumentada, propaga una visión amplia del enemigo: no sólo se consideran terroristas insurgentes a las personas con armas como bombas o revólveres, sino también a las personas que propagan ideas en contra del concepto de la sociedad nacional que tiene el gobierno. Cuando se interpreta al enemigo insurgente de tal manera, se puede fácilmente ordenar a todo el mundo bajo esta definición, según convenga por los motivos que fuere. Además, los insurgentes son considerados subversivos, traidores a la patria y por consiguiente no se los ve como sujetos de derecho sino como fuentes de maldad. Por esto la doctrina justifica utilizar los métodos más atroces para tratar y eliminar al "enemigo".
Sugestivamente los temas tabúes en la Argentina, que el establishment cristinista oculta, tales como la ocupación de fábricas por parte de obreros despedidos, que ya se ha dado en varias oportunidades, aunque no con la difusión que merecía, la protesta de militantes por la contaminación de la minería a cielo abierto o la de los maestros que instalen "carpas blancas" demandando aumento de sueldos o mejoras de sus condiciones de trabajo, pueden terminar judicializados, aunque en sí mismos sean realmente un reclamo social.
Esa misma duda respecto a la condición de "nacional y popular" nos surge cuando el partido del gobierno propone leyes "antiterroristas", sabiendo que tenemos y podemos tener jueces conservadores o desaprensivos, que la apliquen arbitrariamente en base a su "sana crítica".
Debemos entender que no se dan cuenta del potencial instrumento que acaban de poner en manos de este o de cualquier gobierno futuro, y del que no pueden garantizar que se les vuelva en contra a ellos mismos.
Los ideólogos y partidarios de este gobierno podrán decirnos, aunque sea forzando los argumentos, que ellos no van a "usar mal" esta ley. Pero entonces uno, ingenuamente, podría preguntarse para qué la sancionaron.
Recordemos que, a favor y en contra, hemos tenido en estos últimos diez años, por no ir más atrás, a Kostecki y Santillán, a Julio López, a Luciano Arruga, a Mariano y a Cristian Ferreyra, a los qom de la Formosa de Insfrán, a los ocupas del Indoamericano, a los campesinos jujeños del Ingenio Ledesma, y fundamentalmente, porque hace a la cuestión, a Carlos Fuentealba, docente neuquino muerto en el marco de una huelga del sindicato docente ATEN, perteneciente a la CTERA, el 4 de abril de 2007, porque la policía provincial recibió la orden del Gobernador Jorge Sobisch de impedir que los manifestantes cortaran la ruta, para "garantizar el libre tránsito en la misma".
La Ley Antiterrorista, que votaron nuestros representantes, y que cualquiera de nosotros puede y debe leer, aunque no sea abogado, habla de que se podrá aplicar cuando se trate de "aterrorizar a la población u obligar a que el gobierno haga o deje de hacer algo". Bajo esas palabras a nosotros no se nos escapa qué es lo que la ley implica. Una figura como la de "sedición" fue usada por muchos jueces para decir, por ejemplo, que cuando un obrero hace una protesta y dice "aquí estamos todos los obreros pidiendo por nuestros derechos", está realizando un atentado contra la Nación y que, por lo tanto, corresponde caracterizarlo como un elemento sedicioso. Y si en una protesta hay banderas argentinas y se invocan los derechos de los obreros, algún juez podría decir que se trata de un acto sedicioso porque la movilización se arroga la representación de toda la Patria. Es difícil saber cuándo se llama "terrorista" a un acto y qué encaja con la idea de terrorismo, y cuándo se está obligando a un gobierno a hacer algo. Si los docentes entrerrianos marchan o paran insistiendo con que el gobierno les tiene que dar un aumento y dejar de descontarles los días de huelga (derecho constitucional), el gobierno podría aplicar la ley bajo el pretexto de que se lo está queriendo obligar a hacer algo que no quiere. ¿Se entiende, no?
Y eso es así porque esta Ley que Eugenio Zaffaroni, ministro de la Corte Suprema y uno de los más prestigiosos criminalistas de la Argentina (junto a nuestro copoblano Carlos Elbert, debemos decirlo) calificó de "mamarracho", permite fácilmente que se ponga bajo ese título a las demandas habituales que los militantes sociales tienen todos los días. Y no hay ninguna aclaratoria que sirva para descartar los temores fundados que se tienen frente a esta norma.
Y lo que es todavía peor, con los mismos fundamentos, es que hay quienes dicen que el "apriete" del Gafi es "de segunda". Que en realidad este es un paso más del kirchnerismo que va "por todo".
Los que conocen el tema a fondo, por haberlo sufrido ya en Santa Cruz, donde el círculo se cerró, explican que este es el método de la bolsa y la espada, eso es usar el dinero para buscar voluntades que se adhieran, particularmente en cierto periodismo afecto al uso de la alpargata, y la espada, que es la amenaza frente a quienes los molestan.
Dr. Mario Ignacio Arcusin, para Semanario Crónica de Basavilbaso